A mediados del siglo XIX, el mundo se encontraba en pleno apogeo de la Revolución Industrial. De la mano de la ciencia y la tecnología se ampliaba la idea de progreso, la burguesía se consolidaba como clase hegemónica, las repúblicas remplazaban a las monarquías, el liberalismo económico acababa con el mercantilismo y desaparecía eso que lo que los europeos conocían como Antiguo Régimen. En ese contexto, los hacendados del valle central de Chile vieron la necesidad de ampliar la frontera agrícola nacional para satisfacer la demanda de un mercado cada vez más global y el Estado dispuso de la fuerza militar para ese objetivo: esto es lo que conocemos como ocupación de la Araucanía. En el momento de la invasión militar, el pueblo mapuche gozaba de autonomía política y territorial, además de una prosperidad económica derivada de la ganadería, en contacto con el puelmapu, y de la propiedad colectiva de la tierra. Una vez terminada la invasión, la prosperidad y la autonomía dieron paso al empobrecimiento, a la propiedad individual y al control por parte del Estado de Chile, que se asumió con puño de hierro por el Cuerpo de Gendarmes de la Colonia con hombres como Hernán Trizano.
A 150 años del comienzo de la ocupación chilena de la Araucanía, la mayoría de las comunas más pobres del país se encuentran en la zona de la frontera y existe una estrecha relación entre la expansión de la industria forestal y la creación de verdaderos bolsones de pobreza. A esto se suma la alta presencia policial, una historia reciente de allanamientos, asesinatos y vulneración de derechos, eventos que hacen de la Araucanía un caldo de cultivo para el mal llamado “conflicto mapuche”.
En el mundo actual, los conflictos étnico-nacionales son más una regla que una excepción, puesto que en la conformación de Estado-nación no siempre se consideraron las fronteras étnico-culturales: no son pocos los grupos nacionales que reclaman autonomía o espacios de poder dentro de la sociedad mayoritaria, con mayor o menor éxito en los diferentes continentes. En ninguno de estos conflictos ha estado ausente la violencia, pero la presencia de esta en diferentes grados no ha ocultado la legitimidad de las demandas históricas. En Chile, en cambio, se ha optado por invisibilizar y anular las demandas del principal pueblo originario del país mediante un racismo estatal que ha instalado el discurso del “mapuche bueno” –el individuo que vive tranquilo en su comunidad– y el “mapuche malo” –el que asume la lucha territorial –, transformando un profundo problema histórico-político en uno de seguridad pública que se soluciona a través del aumento del contingente policial, la coordinación del trabajo de inteligencia y el fortalecimiento de las leyes para la lucha contra el “terrorismo”. El supuesto acuerdo nacional entrega mayor poder a las policías y a los fiscales, el problema es que el único poder que debiera ser fortalecido es el dialogo, que, como siempre, ha estado ausente.
