La Comisión Mixta del Congreso aprobó 17 escaños para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, los escaños se aprobaron dentro de los 155 de la convención por tanto se descontarán de los distritos con mayor población de población de pueblo originarios, además se aprobó la creación de un padrón especial.
A simple vista parece un avance, claro considerando que Chile es el país de la región menos avances en la relación a lo que Bengoa llama “Emergencia indígena”, pero un avance muy al estilo de la transición chilena “en la medida de lo posible”. Se puede criticar que el mecanismo del padrón no se apega a las formas de auto identificación propuestos por organismo internacionales, la cantidad de representantes es inferior al porcentaje del último censo y el hecho que no sean supernumerario que afecta a la representación general.
No obstante, los detalles jurídicos, políticos y técnicos del tema, me quiero referir al tema educación ciudadana detrás de la discusión parlamentaria y pública. En Chile existe una visión reducida del concepto de ciudadanía, ya que al juzgar las intervenciones de algunos diputados y senadores no reconocen la existencia de derechos diferenciados para los grupos históricamente postergados, que es algo natural y que forma parte de la legislación de la mayoría de los países con contextos similares, no solo Bolivia y Ecuador, sino también Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es un mínimo de justicia para avanzar hacia la reparación histórica, es poco considerando que se trata representación en un organismo Constituyente y no de una representación permanente en unos de los poderes del Estado, como sí existe en muchos países. Esto hace que se vea difícil desde el plano cultural avanzar hacia la creación de un Estado Plurinacional, que debería estar en la discusión Constituyente.
La falta de comprensión de una parte de la clase política y de la sociedad chilena les impide ver el territorio como un espacio compartido, y la ignorancia histórica no les permite ver que la ciudadanía diferenciada como un derecho legítimo de los pueblos, sino que la ven un privilegio o una amenaza que atenta en contra de la unidad nacional y de la igualdad ante la Ley. El analfabetismo político se debe combatir desde el aula y no es “ideologización”, sino simplemente es estar a la altura de los tiempos.
